Desde nuestros inicios, hemos mantenido un firme compromiso con la educación , la asistencia social y el desarrollo humano, impulsando programas que mejoran la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

Durante casi dos décadas, hemos trabajado de manera constante y responsable promoviendo:

• Acceso equitativo a oportunidades educativas , mediante talleres, reforzamiento académico, orientación vocacional y formación integral.
• Asistencia social para poblaciones en riesgo , brindando acompañamiento, apoyo preventivo y actividades que fortalecen el bienestar familiar y comunitario.
• Formación en valores, liderazgo y ciudadanía , para construir jóvenes con visión de futuro, responsabilidad y principios sólidos.
• Alianzas estratégicas , articulando esfuerzos con instituciones públicas y privadas para ampliar nuestro alcance y asegurar intervenciones sostenibles y de alto impacto.

En estos 19 años de labor nuestra asociación ha consolidado una reputación basada en la transparencia , el trabajo responsable, la vocación de servicio y el compromiso social, generando oportunidades reales para muchas personas y contribuyendo al bienestar colectivo.

¡Celebramos este aniversario reafirmando nuestro propósito de seguir transformando vidas y construyendo un futuro mejor para nuestra comunidad!

#aniversario #19añosjuntos #UnidosPorElFuturo #MasOportunidades #viralreeĺs

Objetivos Específicos

• Identificar y diagnosticar las aptitudes y talentos de los niños y jóvenes mediante herramientas educativas y deportivas.
• Diseñar e implementar programas socioeducativos, deportivos y de valores que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de los beneficiarios.
• Promover la autoestima, el liderazgo y la disciplina, generando un entorno positivo para el desarrollo integral de los niños y jóvenes.
• Fomentar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para ampliar las oportunidades de formación, becas y crecimiento personal y profesional de los beneficiarios.
• Evaluar y monitorear continuamente los avances y logros del proyecto para garantizar su sostenibilidad y mejora constante

Misión, Visión y Pilares del PROYECTO «TU TIENES TALENTO»

Misión
Brindar a niños y jóvenes del Centro Poblado de Kiteni un espacio formativo, innovador y seguro que permita descubrir, desarrollar y potenciar sus talentos a través de programas socioeducativos y deportivos basados en valores; formando personas con autoestima, disciplina y compromiso que se conviertan en los líderes del mañana que tanto necesita nuestra sociedad

 Visión
Ser un programa referente a nivel regional y nacional en la identificación y desarrollo de talentos infantiles y juveniles, reconocido por su enfoque innovador y multidimensional, que transforma vidas, fortalece valores y contribuye a la formación de los líderes del futuro, comprometidos con el progreso y el desarrollo sostenible de sus comunidades.

Pilares del Programa

• Educación y reforzamiento escolar
• Deporte (Futbol)
• Orientación vocacional
• Emprendimiento empresarial
• Valores y liderazgo juvenil
• Inclusión social y equidad de género

Actividades del Proyecto

• Educación Financiera
• Torneos y actividades deportivas
• Talleres educativos y reforzamiento escolar
• Programas de orientación vocacional y emprendimiento
• Escuelas de padres para fortalecer la familia
• Alianzas con empresas e instituciones para becas y pasantías

“Aquí no vamos a permitir que esta ‘zonada’ que pretenden hacer contra Lima se haga efectiva”, dijo el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, tras la masacre del 9 de enero en Juliaca. En esta ciudad de la región Puno, 17 personas racializadas perdieron la vida a causa de la represión de la policía y las Fuerzas Armadas. La “zonada” a la que se refiere es la llegada masiva de manifestantes de distintas regiones del país, en especial de territorios indígenas aymaras y quechuas del sur con el objetivo de exigir la dimisión de Dina Boluarte

Desde la vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, tras su fallido intento de disolución del Congreso, se sucedieron protestas masivas a nivel nacional, sobre todo en las regiones del Perú donde la población indígena es mayoritaria. Asimismo, la represión más violenta y la mayor cantidad de víctimas mortales sucedieron en regiones con mayoría de población quechua y aymara, al sur del país.

En un análisis de los expedientes médicos de las 50 personas heridas y asesinadas por armas de fuego de alta velocidad, el medio Salud con Lupa descubrió que muchos de los disparos fueron a corta distancia y a la altura del tórax y abdomen, donde se encuentran los órganos vitales. Tras la masacre en Juliaca del 9 de enero, el Instituto de Medicina Legal confirmó que los proyectiles de armas de fuego de uso policial fueron dirigidos a la cabeza y al tórax por lo que se trataría de asesinatos extrajudiciales.

Las organizaciones indígenas denuncian el racismo

El racismo estructural detrás de la violenta respuesta del gobierno para abordar el conflicto es innegable. Durante su visita al Perú, la Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó el componente étnico-racial en las violaciones de derechos humanos registradas. Medios internacionales como The Guardian han hecho hincapié en la brecha que separa a las élites peruanas de las poblaciones campesinas, indígenas y trabajadores, históricamente marginados, como una de las principales razones del colapso social.

Sin embargo, este racismo estructural se justifica en la creencia interiorizada por la mayoría de los peruanos y peruanas de que “el pobre es pobre porque quiere”. Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades de OXFAM, el 59% piensa que una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica.

Los primeros en denunciar el racismo fueron los gobiernos autónomos y las organizaciones indígenas. El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), de la Amazonía peruana, condenó la “violencia racista del Estado peruano” y responsabilizó a “una clase política angurrienta, incapaz y lamentable que hace de la corrupción su modus operandi, ya que no aprendieron a hacer riqueza más que a partir del facilismo, la deshumanización del pueblo y la destrucción de nuestras fuentes de vida”.

El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), que representa al segundo pueblo originario amazónico más numeroso del país, también condenó “los problemas de desigualdad históricamente postergados por la marginación y discriminación de los pueblos más olvidados del país” como razón primordial de la crisis.

Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP) denunció la “institucionalización del racismo”, tras el nombramiento de Alberto Otárola Peñaranda como primer ministro. El abogado venía de ser ministro de Defensa y, por ende, era el responsable directo de los primeros asesinatos ocurridos entre el 10 y el 19 de diciembre de 2022.

Finalmente, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) alertó sobre “el asalto al poder de las mafias corruptas y racistas del Congreso de la República”. Además, exigió la cancelación de los proyectos de ley a favor de las industrias extractivas que afectan a la Amazonía y a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.

Inclusión performática e instrumentalización de lo indígena

Luego de las primeras matanzas en Apurimac, Ayacucho y Junín, durante el mes de diciembre, Dina Boluarte emprendió una campaña desesperada para legitimar su gobierno, demostrar que el rechazo era minoritario y probar que otros pueblos estaban con ella. Con este objetivo, utilizaron el lema de Un diálogo por la paz. Así, los diferentes ministerios organizaron reuniones sin agenda con supuestos representantes indígenas amazónicos y organizaciones cuya representatividad y agendas son cuestionables.

Este fue el caso de una reunión con supuestos líderes de una organización llamada “los siete pueblos de Manseriche”. Manseriche es un distrito con una extensión de casi 54.000 hectáreas que alberga 42 comunidades nativas y que se superpone a los territorios ancestrales Awajún y Wampís. Está ubicado en la provincia amazónica de Datem del Marañón, región Loreto, y cuenta con un historial de derrames petroleros que han minado los tejidos sociales. De este modo, han aparecido organizaciones, empresas remediadoras y líderes oportunistas que aprovechan las demandas de la población para beneficiarse a través de acuerdos con el gobierno y las empresas. El GTANW emitió un pronunciamiento deslindándose de dicha organización y de otras que se habían reunido con el Ministerio de Vivienda y con la Presidencia del Consejo de Ministros.

Otra reunión tuvo lugar en el Ministerio de Cultura con dirigentes de comunidades del circuito petrolero de Loreto, en el marco del “Plan de Cierre de Brechas” (establecido durante el gobierno anterior), que incluye proyectos de desarrollo para las comunidades, pero gestionados por las entidades ediles. El gobierno también promocionó una reunión con la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, a pesar de que dicha organización había acordado, junto con todas las bases de AIDESEP, entrar en “movilización permanente”.

Esta inclusión performática y divisionismo dentro del movimiento indígena amazónico se ha podido realizar gracias a la gestión de la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta, la lideresa amazónica que llegó al poder con Pedro Castillo. Luego de la matanza de Juliaca, el GTANW y GTAA condenaron la violencia estatal y la instrumentalización de las naciones originarias “para diseñar sus campañas desesperadas que buscan deslegitimar la protesta e infundir miedo en la población”. Además, llamaron a las y los funcionarios indígenas a que evalúen la posibilidad de renunciar para no ser cómplices de las matanzas. Por su parte, la ONAMIAP fue más tajante y exigió la renuncia de Nunta.

Estigmatización y terruqueo: fundamentos para la violencia

El 18 de enero se reportó un derrame de hidrocarburos a causa de un atentado al Oleoducto Norperuano en el territorio de la comunidad nativa Awajún Pantaam, en la región Amazonas. El derrame sucedió cuando dos plataformas del pueblo Awajún, el Comité de Lucha de Condorcanqui y el Comité del Distrito de Imaza, habían tomado medidas de protesta para exigir la renuncia de Dina Boluarte.

Rápidamente, el atentado fue asociado a los manifestantes awajún y wampís, lo que llevó al gobierno de Boluarte a declarar el Estado de Emergencia en la región Amazonas. Tanto los comités de lucha mencionados como el GTAA y el GTANW se deslindaron de la acción y denunciaron el uso político para deslegitimar las protestas awajún. Aclararon que este tipo de atentados los suelen hacer las empresas remediadoras que tienen las máquinas para realizar los arreglos y se benefician con las tragedias ambientales.

La sospecha generada sobre los indígenas amazónicos de sabotear los oleoductos ocurre dentro de un patrón discursivo racista que los tilda de primitivos, salvajes y brutos. A partir de allí, los funcionarios del gobierno y los principales medios de comunicación los acusan de “vándalos”, de “violentos” y, por último, de “terroristas”.

En Perú, el terruqueo significa asignar a una persona el delito de terrorismo. Terruquear debería estar penado ya que, cuando se acusa sin pruebas, se incurre en el delito de difamación. Sin embargo, esta práctica es llevada a cabo con ligereza con el objetivo de estigmatizar y deslegitimar a quienes protestan. Más allá de poner en evidencia el desprecio hacia los indígenas, el terruqueo los deshumaniza como un modo de justificar las acciones violentas que buscan eliminarlos.

Las reivindicaciones y movilizaciones feministas en todo el mundo han tenido, en los últimos años una gran visibilidad, han provocado cambios y transformaciones sociales que han mejorado la vida de todas las mujeres. Queda mucho por hacer. A pesar de las constantes resistencias patriarcales, las reivindicaciones feministas han sido motor en las alianzas tejidas con los movimientos ecologistas, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas, o de disidencia sexual y de género.

Esperamos que este 8 de marzo lo utilicemos para concienciarnos de que las discriminaciones contra las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales y de género, nos afectan negativamente a todas las personas. Que haya un reconocimiento social de los activismos de las feministas, de las defensoras de DDHH, de las defensoras de los territorios y de los bienes naturales, así como de los movimientos autónomos de las mujeres frente a la criminalización de la protesta, porque son más necesarios que nunca contra los retrocesos que nos impone un sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial.

Vivimos en un escenario de conflictos entre la acumulación de riqueza y el cuidado de la vida, un fenómeno con fuertes dimensiones de género. Los mercados especulativos de materias primas, los fondos de inversión, el extractivismo, los paraísos fiscales, los tratados de libre comercio, etc., empujan cada vez más lo que desde los feminismos conocemos como “conflicto entre el capital y la vida”. Un conflicto que implica un conjunto de dimensiones de la vida: ecológica, reproducción social, cuidados, salud y representación política.

Los mercados especulativos de materias primas, los fondos de inversión, el extractivismo, los paraísos fiscales, los tratados de libre comercio, etc., empujan cada vez más lo que desde los feminismos conocemos como “conflicto entre el capital y la vida”.

Y también constatamos la creciente deriva autoritaria de muchos gobiernos y estados en Abya Yala. Con la concentración de todos los poderes del estado en gobiernos, que han ido eliminando cualquier mecanismo real de control social, legal y político, incluidos los instrumentos de las Naciones Unidas y la cooperación internacional.

En paralelo, vemos la emergencia de corrientes políticas de extrema derecha, racistas, antifeministas, homófobas, abundantemente financiadas por redes internacionales reaccionarias, tanto en el plano político, como en el ideológico y religioso, así como por los sectores más retrógrados de las élites nacionales.

Nos movilizaremos en las calles de barrios, pueblos y ciudades para:

Poner las políticas de los cuidados en el centro, desde la justicia social, abordando las causas de la precariedad de las vidas y las cadenas globales de los cuidados

Hacer frente a la emergencia ambiental y climática, la defensa del territorio y los bienes comunes desde los feminismos, con un enfoque de justicia global y social.

Poner en el centro la solidaridad y la protección integral feminista de las compañeras que defienden los territorios y los bienes naturales con sus comunidades, defensoras trans, periodistas, feministas, defensoras de derechos sexuales y reproductivos, defensoras de la justicia social y de la paz, mujeres que luchan contra la violencia machista o por la memoria, la verdad y la justicia.

Desde nuestra perspectiva de cooperación feminista internacional:

EXIGIMOS el fin a la impunidad ante las muertes y desapariciones de las defensoras de DDHH, de las defensoras de los territorios y de los bienes naturales. Miramos con mucha preocupación, la situación que sufren en Abya Yala, nuestras compañeras defensoras, con un aumento de la militarización, persecución, y asesinatos, por parte del extractivismo voraz de las transnacionales, en connivencia con los gobiernos de turno.

Desde nuestro compromiso feminista en el Estado español:

DENUNCIAMOS que, en 2022, un total de 99 mujeres fueron asesinadas en manos de hombres violentos por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son solo la punta del iceberg de una violencia estructural y profundamente arraigada en la sociedad patriarcal.
Desgraciadamente, las violencias machistas se expresan de numerosas formas. Todas ellas son expresión de un ataque a la libertad del cuerpo y de la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales y de género, y son estructurales del sistema heteropatriarcal, capitalista, racista y colonialista.
Estas violencias patriarcales nos afectan a todas de forma diferenciada y con impacto agraviado, en función de múltiples factores. No se puede negar esta diversidad de impactos, ni invisibilizar las necesidades específicas ante las violencias por dominación, para garantizar medidas de prevención y respuestas de reparación.

EXIGIMOS mantener el consentimiento en el centro de la ley de libertad sexual, sumándonos a la demanda de colectivos feministas que valoran el carácter integral de la ley del “Si es solo sí” y que alertan que endurecer las penas no protege más a las mujeres.

EXIGIMOS el cumplimiento de los derechos humanos y el cuestionamiento del actual sistema de fronteras, el cierre inmediato de los CIES…, ¡Regularización ya! de las personas inmigrantes que residen en nuestro país. Derogación de la ley de extranjería por la violencia institucional y machista, por sus disposiciones racistas y patriarcales que violentan y criminalizan a las mujeres migrantes.

Desde nuestra perspectiva de cooperación feminista internacional:

DENUNCIAMOS que, en la actualidad, en la mayor parte de países de África y de América Latina, el aborto está totalmente prohibido. Miles de mujeres y personas con capacidad de gestar continúan muriendo en el mundo por abortos clandestinos. ¡Miles de mujeres abortan cada año, dentro y fuera de la legalidad!

MOSTRAMOS nuestra solidaridad con todas y cada una de las mujeres represaliadas, criminalizadas y estigmatizadas para defender el derecho de las mujeres al aborto.

DENUNCIAMOS la ofensiva retrógrada, machista y patriarcal, de alcance internacional, de injerencia sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y que están suponiendo retrocesos y amenazas alarmantes. Los últimos años hemos vivido un aumento exponencial en los esfuerzos para restringir los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Detrás de los ataques, hay desde grupos antigénero hasta gobiernos conservadores, pasando por partidos de extrema derecha. Nos sumamos a la reivindicación de erradicar cualquier colaboración con cualquier gobierno del mundo, instituciones, grupos y movimientos fundamentalistas, entre ellos la Iglesia Católica, y otras confesiones, que no garantice este derecho a su ciudadanía.

Desde nuestro compromiso feminista en el Estado español:

La reforma de la ley de aborto 2023 aprobada en la Estado Español recientemente, supone un paso adelante y un éxito fruto del grito incansable de los movimientos feministas que contribuye a la consolidación del derecho al aborto.

Pero al mismo tiempo, la experiencia y larga trayectoria nos hace desconfiar de la aplicación de la ley cuando llegue al diseño de servicios y circuitos en las CCAA que son las que tienen las competencias en la prestación. Sigue siendo una asignatura pendiente el tema de la incorporación de la salud sexual y reproductiva y la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo a los programas curriculares de las carreras universitarias.

No se resuelve de forma clara el acceso universal al aborto sabiendo que, actualmente, muy pocas CCAA incorporan la atención al aborto para personas sin tarjeta sanitaria.

No se resuelve de forma clara el acceso universal al aborto sabiendo que, actualmente, muy pocas CCAA incorporan la atención al aborto para personas sin tarjeta sanitaria.

Y, de nuevo, no aborda la despenalización del aborto que ha sido la gran demanda histórica del movimiento feminista y que seria, realmente, la que cambiaría el paradigma. El aborto fuera del Código Penal.

¡ABORTO LIBRE, SEGURO, UNIVERSAL FUERA DEL CODIGO PENAL!

SOSTENIBILIDAD: DIGNIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS Y LA VIDA

Aquí estamos un nuevo 8 de marzo, asumiendo por coherencia y compromiso feministas algunas de las reivindicaciones que se harán visibles en muchos territorios del planeta y que están fundamentalmente relacionadas, con la precarización de la vida de las mujeres y los cuidados.

Asumimos por coherencia y compromiso la sostenibilidad de la vida como solidaridad con el conjunto de la ciudadanía ecológica que no conoce fronteras y que supone comprometernos a preservar el espacio de vida común, en un contexto de emergencia climática, ecológica y energética.

Esta sostenibilidad incluye como elemento central la necesidad de defender también los derechos de la naturaleza y el reconocimiento del ecocidio como un crimen contra la humanidad.

EXIGIMOS el reconocimiento de todos los derechos laborales para las trabajadoras del hogar y los cuidados. Integración inmediata al Régimen General de la Seguridad Social porque sean reconocidos todos sus derechos como trabajadoras.

EXIGIMOS que nadie quede atrás, y que los derechos humanos y de ciudadanía sean aplicables a todos los colectivos vulnerables de nuestra sociedad. Contra la desigualdad y la dificultad de acceso a los servicios y políticas públicas para las mujeres más empobrecidas.

EXIGIMOS justicia social y climática. Exigimos un decrecimiento económico, una transición ecosocial y una cultura regenerativa y feminista que recupere las soberanías a través de una gestión pública y comunitaria, que garantice el acceso universal a los servicios básicos, como por ejemplo el agua y la energía. Exigimos la defensa de los DDHH y nos solidarizamos con las defensoras de la tierra perseguidas y amenazadas y que arriesguen su vida para defender el agua, el territorio y los ecosistemas.

DENUNCIAMOS las empresas transnacionales y las corporaciones financieras, las políticas de la Unión Europea y los estados miembros, como los Tratados de Comercio e inversión o como el Fondo Europeo de Recuperación Next Generation que, con la excusa de una revitalización económica y una transición ecológica, suponen en realidad financiación a las élites económicas con dinero público, socializando las deudas y provocando nuevas oleadas de privatizaciones y recortes en los servicios y prestaciones sociales públicas.

POR TODOS ESTOS MOTIVOS desde Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte os ANIMAMOS a participar activamente en las acciones del 8M Dia de las Mujeres.

En el contexto de emergencia climática, ecológica y social que nos encontramos en el Norte y Sur Global es importante visibilizar algunos de los impactos que tendría la aprobación de este tratado, como por ejemplo:

• Se incrementará la cuota de importación de carne de vacuno.
• Aumento del agua para las cuotas de comercio.

En la primera cápsula, hablamos del impacto de la presión socioambiental de las cuotas de vacuno:

¡Para cumplir con las cuotas de exportación de carne del Mercosur a Europa cada año se destinará, de territorio, el equivalente a 3 veces la superficie del Área Metropolitana de Barcelona! Un total de 223.370 hectáreas…

Otro de los grandes impactos es el aumento del agua necesaria para satisfacer las cuotas de comercio. El consumo de agua sería igual que 1,25 millones de piscinas olímpicas… y todo esto en medio de una sequía que nos afecta tanto a nosotras como al Sur Global.

Cada año se destinará el equivalente a 1.250 millones de piscinas olímpicas o el agua necesaria para abastecer 2,3 millones de personas en Brasil en productos para la Unión Europea.

¿Cuáles son los impactos que tendría la aprobación del acuerdo UE-MERCOSUR?

• Destrucción del territorio
• Aumento de las desigualdades
• Expolio de los recursos naturales
• Agudización de la crisis climática

¿Pero… qué necesitamos en realidad?

• Apoyo al pequeño campesinado
• Impulso de modelos agroecológicos
• Mejoras condiciones laborales
• Distribución de la riqueza
• Transición energética
• Transición ecosocial

Es lo justo… no? ¡Cambiemos el modelo! ¡No queremos un tratado que favorece a los de siempre, a costa de las de siempre!

Si quieres saber más información crítica sobre el acuerdo UE-MERCOSUR descarga a través de este enlace el informe visitar.

Con la colaboración de: Ajuntament de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

«Luchamos contra los megaproyectos que quieren poner aquí en Chiapas, y si no hacemos nada, entonces donde quedarán nuestros hijos el día de mañana cuando hayan hecho todo lo que dicen«

Durante el encuentro, más de 1.200 personas, entre ellas una representante de Entrepueblos, se encontraron para “visibilizar el despojo de territorios a nivel nacional y mundial por empresas y proyectos capitalistas, y extractivistas; la violencia que viven los Pueblos Originarios, las mujeres, las infancias como resultado de las guerras y la violencia del crimen organizado; y la imposición de megaproyectos que destruyen el medio ambiente en todo el mundo“, tal y como explica la organización de El Sur Resiste.

En la clausura del encuentro, se subrayaron el dolor y los destrozos que provoca en los cuerpos y los territorios la voracidad del gran capitalismo mundial y, más en concreto, de los daños del tren turístico y otros megaproyectos, así como la cultura de la violencia que ha permeado toda la  sociedad, afectando especialmente a las mujeres, las jóvenes, las personas migrantes y los y las defensoras de derechos humanos y ambientales.  “Esta infraestructura refleja la profundización de un modelo, basado en la extracción de hidrocarburos fósiles, que durante el siglo XX aceleró, de manera nunca antes vista, los indicadores de contaminación y del calentamiento global, reforzado por energías supuestamente limpias en manos del gran capital extranjero que no representa ninguna transición energética justa para los pueblos”, señalaron las portavoces en la lectura del pronunciamiento del Encuentro Internacional.

Las jornadas unieron en torno a este grito de resistencia a un total de 940 personas del Congreso Nacional Indígena pertenecientes a 38 pueblos originarios, así como a activistas y pensadores de varias partes de todo México y visitantes internacionales de América, Europa y otros lugares como Kurdistán.